Por Luis Felipe Colina

 

I.- NEGOCIOS. Un gigantesco mercado negro de divisas está operando alrededor de la estatal “Petróleos de Venezuela”. Son cientos de millones de dólares los que se manejan de manera irregular. De la actividad se lucran operadores bursátiles vinculados al gobierno y altos ejecutivos de Pdvsa, incluyendo familiares cercanos de su presidente, el ministro Rafael Ramírez. Uno de ellos, su cuñado Baldó Sansó, figura además como uno de los asesores de la próxima subasta de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las reservas probadas más grandes del mundo. Sansó cuenta además con el apoyo del vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomar Carruyo, colabora con él, en todo lo relacionado con las operaciones financieras y cambiarias.

 

II.- LA CONSTRUCTORA brasileña “Norberto Odebrecht” está considerando seriamente la posibilidad de abandonar sus operaciones en Venezuela por la deuda de novecientos millones de dólares, que no el gobierno nacional sigue sin cancelarle. En el Banco del Tesoro, la gerente general de banca corporativa, Magaly Rojas, le ha represado además 35 millones de bolívares fuertes que le fueron aprobados como crédito rotativo por instrucciones del presidente Hugo Chávez, para atender compromisos urgentes con trabajadores y proveedores en las obras del tercer puente sobre el Orinoco, entre las poblaciones de Cabruta (Guárico) y Caicara (Bolívar), así como las líneas 4 y 5 del Metro de Caracas. El retardo en los pago ha llevado a la empresa brasileña a despedir más de dos mil trabajadores. Otro crédito rotativo por 35 millones de bolívares fuertes, para el Metro de Los Teques, también estaría represados en el Banco del Tesoro.

 

III.- LA PROCUDORA General de la República Bolivariana de Venezuela, Gladys Gutiérrez Alvarado, todavía no ha dado instrucciones acerca de la posición que asumirá la nación en el expediente que cursa en el Juzgado 1º de Control de Caracas, a cargo de la jueza Yvelise Acosta, en donde la Asociación Usuarios de Telcel (Asutel) pidió se anule el sobreseimiento solicitado por el fiscal 5º nacional, Franklin Ainagas, para quien los hechos denunciados por Asutel “no se realizaron”. La demanda de Asutel es contra un grupo de ministros del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (y el propio exjefe de Estado), los cuales cedieron ilegalmente a la entonces recién creada empresa de telefonía celular Telcel (hoy Movistar) la frecuencia de transmisión de 800 megaherz que había sido asignada por Ley a las Fuerzas Armadas Nacionales. Pero la ilegalidad no terminó ahí según Asutel, sino que Telcel no canceló el costo de la frecuencia que era de 107 millones de dólares a precios de la época, que indexado alcanza ahora los US $ 450 millones.

 

IV.- EL EMPEÑO del gobierno en ponerle la mano a la administración y control de los puertos a como de lugar, y sin pararle a minucias legales y constitucionales, será una nueva área de fricción entre la administración de Barack Omaba y la de Hugo Chávez, pues, tanto el nuevo presidente de USA, como George Bush, piensan que Venezuela es en este momento la principal vía de embarque de la cocaína y heroína que salen de los puertos venezolanos hacia los Estados Unidos y Europa, y que tal lícito sucede porque militares corruptos y narcotraficantes garantizan que las mafias operen en los puertos sin que nadie se de por aludido. Pero, no es sólo cuestión de cocaína y heroína, sino igualmente de tráfico de armas que siguen hacia Colombia, y de sustancias químicas no permisadas por los organismos de control internacional.

 

V.- UN JUEZ de una de las cortes de apelaciones del área metropolitana de Caracas, señalado de pertenecer a la banda tribunalicia “Los Enanos” y procedente del ala más rancia copeyana, fue sacado del hemiciclo de la AN donde se presentó ante la directiva con un listado de jueces que deberían ser destituidos del poder judicial, “por traidores”, añadiendo además, que de no hacerlo se perdería el “proceso revolucionario”. En el listado figuran los apellidos Populi, Rodríguez, Díaz, González, Ramírez, Marcano, Michelangelli , Torres y Campos, entre otros. Ante el planteamiento, los parlamentarios dudaron que se trataba de un juez y llamaron a la Disip, pero intervino el diputado Carlos Escarrá, quien dijo conocer al juez desde su época de copeyano.

 

VI.- MAS DE 100 MILLONES de dólares pertenecientes al fideicomiso de los trabajadores de la Alcaldía Mayor y que forman parte de los ahorros y prestaciones sociales, fueron sacados del país durante la administración del ex alcalde Juan Barreto, sin que se conozca el destino definitivo.

 

VII.- LAS ORGANIZACIONES SINDICALES opositoras y oficialistas de diversos se organizan para enfrentar las arrolladoras acciones anunciadas por el presidente Hugo Chávez contra los trabajadores.

 

VIII.- ROSALES. Nuevas “evidencias” contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales Guerrero, anunciará esta semana el gobierno nacional.

 

IX.- LOS TRABAJADORES TRIBUNALICIOS continúan sin cobrar los pasivos pendientes, a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 514 millones de bolívares fuertes y otro por 353 mil bolívares para solventar dicha deuda.

 

X.- RIVAL. Desde la Sala Situacional del Palacio de Miraflores, le siguen indicando al presidente Chávez, que su potencial contendor será Antonio Ledezma. Según los analistas que trabajan para el actual jefe de estado, “Ledezma tiene discurso, sabe comunicar las ideas, y además es capaz de sacarle punta a una bola de billar”. De allí la recomendación de limitarle su campo de gestión y neutralizar su desenvolvimiento. En vista de la recomendación, el Jefe de Estado tratará de no mencionar más al Alcalde Mayor, para no seguirlo situando como su contraparte natural.

 

XI.- JUECES. Esta semana la Sala Plena del TSJ acordó la reestructuración del Poder Judicial, la cual será llevada a cabo por una Comisión integrada por los presidentes de cada una de las salas, para revisar a todos los jueces y obtener la destitución de aquellos que no convengan al proceso. Como máximos ejecutores de la Comisión para la lucha contra la corrupción se asignó la misión a los magistrados Luisa Estela Morales, presidenta del TSJ, antigua juez destituida por corrupción y denunciada por la compra para el Poder Judicial de unos terrenos a través de su yerno en el estado Yaracuy, Omar Mora, investigado por la Contraloría General de la República por la asignación de una obra por 9 millardos sin licitación y por la construcción de un baño en la presidencia del TSJ por 600 millones de bolívares y Luis Alfredo Sucre, ex juez superior civil, sancionado por negligente por la Sala Constitucional y quien suscribió cuestionadas decisiones en los juicios de partición de la familia Capriles.

 

XII.- LOS TRIBUNALES CIVILES comenzaron a laborar el pasado lunes 16, sin aire acondicionado, con el sistema informático un poco averiado, con un archivo lento, con larguísimas colas a pesar de encontrarse cerrados cuatro tribunales al haber sido suspendidos sus jueces y con los atracadores haciendo su agosto en plena avenida Baralt.

 

XIII.- GUAYANA. Dirigentes sindicales, gremiales, políticos y sectores estudiantiles del estado Bolívar, firmaron un documento en el cual se comprometen a sumarse a la búsqueda de soluciones urgentes para enfrentar la grave crisis de las empresas básicas. Lo suscriben Edgar Valentine, secretario general de Sintrabauxilum Pijiguaos, Bulmaro Ramos, de Suttis, Juan González, accionista Clase B de Sidor, Juan Carlos Márquez, estudiante de la Unexpo, Miguel Acosta, dirigente vecinal de la parroquia Unare, Fernando Goyenechea, presidente de la Cámara de Industriales y Mineros, además de los dirigentes partidistas Cesar Ramírez (LCR), Grecia Cabrices (UNT), Pedro José Rivilla (Copei), entre otros.

 

XIV.- FUNDACION. El ex ministro del Interior Luis Miquilena ordenó la redacción de una fundación presidida por él y dedicada a la “defensa de la democracia y las libertades”, que además se encargará de canalizar los fondos recibidos del exterior y del empresariado nacional, para cumplir tales fines.

 

XV.- BIV. William Garrido Tovar, actual presidente del Banco Industrial de Venezuela, tiene todo listo para postularse como candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy. Garrido es esposo de Rosalba Aristimuño, ex viceministra de Finanzas bajo la gestión de Rafael Isea.

 

XVI.- LARA. Nos reportan que la sala número 1 del tribunal civil de menores niños y adolecente del estado Lara, solo trabajó cuatro días durante el mes de enero trabajo, diez en febrero diez días y en lo que va de marzo no ha trabajado ni un solo día. Es decir, en lo que va de año solo ha despachado catorce días. Nos aseguran que la funcionaria judicial responsable de la irregularidad, cuenta con la protección total de un magistrado del TSJ.

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Semanario LA RAZÓN, www.larazon.net

 

Caracas 22.03.2009