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Por Jacinto Ramirez Noriega

Desde que se constituyera el poder moral en nuestro país, no habíamos tenido en Monagas un delegado de la Defensorìa del Pueblo, tan valientemente entregado a la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano. Sin indagar las simpatías políticas, o la ubicación social de quienes acudían a su despacho en demanda de atención, el Dr. Lisandro Fermín esgrimía sin consideraciones partidistas de ninguna índole, a pesar de su reconocida militancia izquierdista y su lealtad al proceso, el cumplimiento de la leyes para alcanzar su cometido de justicia y de servicio público, porque así interpretaba las obligaciones que se derivan de tan importante cargo. Era de esperar, entonces, que su conducta, correcta y a favor de los sectores más vulnerables de la población, le acarreara la animadversión de un gobernador a quien le importa más el desarrollo de sus bíceps en un gimnasio, para exhibirlos con franelitas bien ajustadas, que la seguridad de una población indefensa y arrinconada por el hampa.

Se destacó, especialmente, el Dr. Fermín, durante su tránsito monaguense, por sostener una lucha tenaz contra los abusos de poder y los ajusticiamientos que venían siendo perpetrados con total impunidad y salvajismo, por miembros de cuerpos uniformados, mayoritariamente transgresores e indignos, bajo la responsabilidad de un mandatario regional cínico, inescrupuloso y pendenciero, que ordenaba pagar a sus policías "bonos de eficiencia" por cada ciudadano acribillado.

Por esa conducta, estrictamente apegada a los mandatos constitucionales, nuestro defensor delegado, en apenas meses de arduo trabajo, no sólo obtuvo -a despecho del reyezuelo local- el favoritismo de amplios sectores de la población, oficialista y opositora por igual, sino además, el justo reconocimiento de sus superiores inmediatos. Pero, con el argumento de que "estaba haciendo política o conspirando contra el gobernador" comenzaron a buscar celosos su remoción, faltándole el respeto inclusive, a un poder autónomo, como se tiene constitucionalmente al Poder Ciudadano.

Mediante insólitas correspondencias, conocidas públicamente, el gobernador Briceño quiso imponerle a la Presidenta del Poder Moral, Dra. Gabriela Ramírez, la destitución de Fermín, quien ya había solicitado traslado para Falcón, para atender a su familia, residente en aquella entidad. Y si al final resultare cierto que la mudanza del eficiente funcionario de la Defensoría se hubiere producido por la intervención de Aristóbulo Istúriz, para favorecer a "El Gato", ignorando a toda una población castigada por la criminalidad policial, y a toda una legión de familias afectadas por el asesinato de alguno de sus integrantes, un flaco servicio le habría hecho el profesor a su propia autoridad política y a su propio gobierno. Ya se verán los resultados.

Pudo conocer el pueblo de Monagas, por las investigaciones de la Defensoría en Maturin, las verdaderas cifras de los ajusticiados hasta el día de hoy: cincuenta y dos (52) personas, donde se confunden aparentemente, jóvenes inocentes, malandritos de barrio, estudiantes sin antecedentes, víctimas de malquerencias policiales y hasta "culicidios", como lo calificara alguien, con grato humor venezolano, refiriéndose a las supuestas motivaciones que tuvo la comisión policial encabezada por el ex-Director Lisandro Jaramillo, para cometer los últimos asesinatos de Caicara. De igual manera se pudo conocer la existencia de ciento cuarenta y cinco (145) funcionarios policiales, de distintos grados, imputados fomalmente por el Ministerio Público por actos de criminalidad diversa. De tal manera que, si Lisandro Fermín fue "sacrificado" por algún acuerdo político subalterno, se le hizo un daño irreversible a la fe que los ciudadanos deben tener en sus instituciones.

Algo similar, recuerdo ahora, pasó con el Ing. Leonardo Torcat, izquierdista y revolucionario, entonces Director Regional del Ministerio del Ambiente. Por primera vez en la historia, unos empresarios de abultadas chequeras fueron sancionados con severas multas y la orden de demolición de treinta y tres (33) lujosas viviendas que fueron construidas al borde del morichal de Juanico, violando todas las leyes ambientales. Hasta ese momento, sólo conocíamos de sanciones a los pendejos y a los marginales levantadores de ranchos. Torcat se atrevió, sin otros miramientos, a castigar a quienes infringían descaradamente la ley, basados en su poderío económico, y en la complicidad de la municipalidad local, que había otorgado unos permisos a todas luces ilegales. La ministro (creo que Ana Elisa Osorio) confirmó, en el recurso jerárquico elevado a su consideración, las sanciones impuestas por su representante. Pero luego, al parecer vino la intervención de una influyente diputada nacional a favor de los empresarios infractores, y no solo se impidió que se ejecutara la medida de demolición de las viviendas, sino que adicionalmente se obtuvo la remoción del Ing. Torcat, por honesto y eficiente funcionario. Por supuesto, los empresarios bribones construyeron cientos de casas más, en el mismo lugar, reincidiendo en los gravísimos daños ambientales. ¿Lo sabrá Chàvez?

EN PÍLDORAS  

.— El llamado estadium Monumental de Maturin se ha convertido en uno de los más importantes temas de discusión de los monaguenses. Inconcluso aún, su construcción viene siendo objetada por la pésima calidad de sus acabados, y por la ausencia de drenajes en su cancha, lo que ya ha repercutido escandalosamente en la suspensión de importantes eventos futbolísticos. ¿Cómo se recibió la obra sin esos drenajes? ¿Quiénes son los responsables del daño patrimonial al estado, los constructores o el propio ejecutivo regional? Se aprobaron adicionalmente quince millardos de bolívares para las reparaciones pertinentes, siendo una obra recien inaugurada, y la cancha sigue igual. Ahora la situación se agrava con la compañía anónima "inmobiliaria" constituida por decreto del gobernador para su "administración y conservación": artistas extranjeros han sido contratados en dólares americanos, saltándose a la torera las leyes cambiarias. Todos los eventos resultaron fracasos de taquilla, pero Olga Tañòn y Elvis Crespo cobraron 380.000 dólares americanos; Ronaldiño y Messi se llevaron 3.000.000 (tres millones) de dólares americanos, eso para solo citar dos eventos, sin mencionar otros gastos adicionales. Ni CADIVI, ni el Banco Central aprobaron esas divisas, ¿de dónde las sacó el gobernador? El caso está denunciado en la Fiscalía.-

.—La Presidenta del CLEM, diputada Carmen Elena Urrieta, admitió en nota de prensa (diario El Sol de Maturín), que el gobernador sí habría ejecutado diversas obras públicas, sin cumplir con los requisitos legales de la licitación, la contratación y la disponibilidad presupuestaria, etc., procedimientos administrativos a los que restó importancia la diputada local, en medio de un sorpresivo patinaje verbal, porque según sus palabras, "el gobernador no le queda debiendo a nadie, ni un centavo…". Quienes, sorprendidos por la impunidad manifiesta de la dama, leyeron y escucharon (noticiero 107.5 F.M.) las declaraciones, exclamaron: la legisladora no necesita ya investigación alguna por complicidad, porque se le puede aplicar el viejo aforismo judicial: "a confesión de parte, relevo de pruebas."

.---La eliminación del IPC (Indice de Precios al Consumidor) fué recibido con júbilo en Monagas por "tirios y troyanos". Ciudadanos que se declararon afectos al proceso y otros que se manifestaron como oposicionistas, entrevistados en Maturín para conocer sus reacciones sobre la suspensión de los pagos indebidos que se les exigía a los adjudicatarios de viviendas, de acuerdo al referido IPC inmobiliario, expresaron que era "un acto de justicia contra la estafa y la especulación de muchos promotores urbanisticos que encontraron en ese instrumento una vía para incrementar sus fortunas, esquilmando los bolsillos de los más necesitados. Estos promotores -coincidieron en sus declaraciones— además de disminuir la calidad de las viviendas, demoraban su entrega deliberadamente para aumentar sus precios".-

.---El lìo de las obras pùblicas ordenadas por el gobernador de Monagas, sin licitaciones, sin contratos firmados, sin presupuestos previos, y algunas de ellas sin contar el Ejecutivo con la debida disponibilidad presupuestaria, todo admitido públicamente por el propio gobernador, no terminará con la simple investigación administrativa, ya denunciada ante la Asamblea Nacional y la Fiscalìa del Ministerio Pùblico. El asunto deberá profundizarse más aún, alcanzando a los diputados del CLEM, que según fuentes internas, habrían aprobado los respectivos créditos adicionales con posterioridad a la realización de las obras, y ahora estarían, presuntamente, arreglando documentos y actas con fechas atrasadas. Los contratistas involucrados en el asunto, que supuestamente también habrían firmado los contratos con fechas posteriores a la ejecución de los trabajos, piensan que de esa manera salvaron sus reales y su pellejo, escapando a lo que tipifica claramente la ley como "concierto para delinquir". Los apellidos: Termini, Francis, Guevara, El Chaer, Gonzalez, Farìas, y Saputelli, tendrán mucha nombradía en días venideros.

Maturín, 14.06.2009