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Por Manuel Malaver
 
 
 
 
Creo que si el gobierno de Alán García estuviera mejor informado del modus operandi que emplea la retroizquierda para desestabilizar gobiernos democráticos para abrirle paso a crisis que eventualmente concluyan con su derrocamiento y sustitución por dictaduras neototalitarias, se habría evitado la tragedia que ha significado la muerte de 24 policías y 9 ciudadanos de la selva amazónica peruana el viernes antepasado, con la sequela de confusión y manipulación que siempre sigue a los conflictos de origen ideológico que encuentran lugar en ésta o cualquier otra región del planeta.
Y es que, en el Departamento de Amazonas, Provincia de Utcubamba, Distrito Bagua, y su capital, Bagua Grande, del norte del Perú, estaban todos los ingredientes para que el dúo dizque bolivariano, revolucionario y socialista siglo XXI  intentara cocinar una de sus recetas favoritas, como es el  conflicto surgido entre la etnia Awajun y el gobierno central por la probación de una ley que presuntamente afecta los intereses de la primera,  y se produjeran  hechos de sangre que, subsecuentemente, conducirían a otros, y después a  protestas y condenas nacionales e internacionales por violaciones de los derechos humanos que dieran al traste con el gobierno aprista y empujaran a su jefe, García, a la cárcel o al exilio.
Y luego, como remate,  a celebrar elecciones y a apoyar con todo al candidato de Hugo y de Evo que, por cierto, se ha mantenido tras bambalinas en el conflicto, el etnocacerista, Ollanta Humala; a presentarlo como el salvador de la etnia Awajun,  de todas las etnias del Perú y del resto de las etnias del continente que aún no han caído bajo el dominio  de los caudillos caribeño y altiplánico; a procurarle  votos, ganar las elecciones e ir con la herramienta que después permitirá destruir la democracia  principio tras principio, libertad  tras libertad,  y derecho tras derecho: la constituyente.
Es el guión que con variables más, variables menos, y a través de circunstancias diversas, cumplieron Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia, y que, al parecer, no agota sus posibilidades para subvertir gobiernos democráticos y abrirle cauces a los de la retroizquierda, y que, por tanto, tiende a ser aplicado casi automáticamente en cualquier situación en que los agraviados, los presidentes democráticos, no se movilizan para denunciarlo y desmontarlo.
Y que en el caso de Alán García está más que justificado para el dúo colectivista y de presidencia vitalicia y dinástica, y su candidato etnocacerista,  pues se trata del único jefe de gobierno del subcontinente que no le ha dado la espalda a los demócratas venezolanos y bolivianos perseguidos por las dictaduras neototalitarias, que les ha concedido y ha hecho respetar el derecho de asilo y se ha mantenido al margen de la complicidad y cobardía con que, incluso, las democracias más solventes de la región, tratan al teniente coronel y su pandilla.
Pero hay más, mucho más: Alán García preside una administración que no ha tenido empacho en admitir las bondades y beneficios que han significado para los pobres del Perú el establecimiento de un sistema de economía abierta, competitiva y de accesos a los mercados mundiales, de atracción de inversiones extranjeras y de su desempeño en un clima donde se respeta la ley y los convenios establecidos libremente entre las partes, con un impacto continuo y sostenido en el crecimiento y la diversificación de un modelo que hace tiempo dejó de ser monoproductor y monoexportador de materias primas.
En consecuencia, de reducción de la pobreza, la desigualdad y las injusticias, con acento en la solución de los problemas de  salud,  educación, infraestructura, servicios, seguridad y paz social y un apoyo sostenido y mayoritario de los más pobres que ya una vez derrotaron electoralmente a Humala y no se ven propicios a caer en las trampas y añagazas de la retroizquierda y sus caudillos.
Quedó demostrado en los sucesos de la Provincia de Utcubamba, Distrito de Bagua y su capital Bagua Grande, donde, más allá de toda dura razonable, fueron los seguidores de Hugo, Evo, Humala, y su caudillo, Alberto Pizango, quienes en vista de que las fuerzas policiales no se prestaban a agredir a los manifestantes con armas de fuego porque no las portaban, pasaron a procurárselas  para provocar un baño de sangre que no puede dudarse proviene, básicamente,  de sus filas.
Y en ese sentido, los sucesos de Bagua Grande han terminado transfigurados en otra derrota para la retroizquierda, pues no puede negarse que fueron armados en torno un guión y que en cuanto este último pareció no cumplirse, se procedió a implementar una provocación radical que, por lo menos, en la confusión, permitiera decir que se habían repetido los sucesos que condujeron a la destitución de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en octubre del 2003.
O a los que atribuyó, taimadamente, Chávez, a la oposición democrática  venezolana el 11 de abril del 2002, cuando 18 manifestantes asesinados por los cuerpos policiales chavistas, según testimonios irrefutables de testigos, videos y fotografías, fueron después negados y colgados de las mentiras con las que el teniente coronel escamotea sus responsabilidades.
Igual a como procedió Morales con los huelguistas asesinados en Cobija, Pando, en septiembre del 2008, cuando una agresión criminal perpetrada por paramilitares moralistas traslados apresuradamente de La Paz,  fue atribuido al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Ahora, por el contrario, ha resultado sospechoso que el número de policías muertos haya superado ampliamente al de los manifestaciones y que, algunos de los primeros, hayan sido asesinados a sangre fría y mientras permanecían secuestrados.
 Todo lo cual, desde luego, no debe impedir una investigación exhaustiva que fije la responsabilidad de los que dispararon y cometieron atrocidades de parte y parte, pero sin dejar de resaltar que se trató, básicamente, de una operación política planificada desde afuera para promover la desestabilización y el derrocamiento del gobierno de Alán García.
Objetivo central, en fin,  de las movilizaciones que, según los dirigentes de la Aidesep (Asociación Interétnica la Selva Peruana) se oponían al designio del gobierno de Alán García de entregar los cuantiosos recursos mineros y madereros de la región a las transnacionales, cuando, realmente, lo que se procura es liquidar a otro gobierno democrático para que Hugo y Evo instauren una dictadura delegada y comiencen a destruir al Perú, como ya destruyeron a Bolivia y Venezuela.
A este respecto, debe subrayarse que el gobierno peruano jamás se negó a discutir y reformar una ley que, al decir el sábado en “El Nacional” el embajador de Perú en Caracas, Luís Santamaría: “---declara que 21 millones de hectáreas de tierra no podrán ser vendidas porque pertenecen a los nativos, precisando áreas de reservas que el Perú posee en abundancia”.
Igualmente, el presidente Alán García, el domingo 7, dos días después de la masacre, aprovechando la ceremonia de celebración del día de la bandera peruana, refutaba a quienes afirmaban que el origen de los hechos sangrientos estaba en la negativa del gobierno a sentarse a modificar la ley con los líderes de la Aidesep:
“Claro que ha habido diálogo. Cincuenta y cinco días de mesas abandonadas, de tableros pateados, de documentos firmados que después se niegan, por órdenes internacionales y financiamientos externos”.
Y aquí puso el dedo en la llaga y dejo claro que se trató de una conspiración financiada por la retroizquierda en otro de sus conatos por destruir una democracia y sustituirla por una dictadura neototalitaria que no tiene otro fin que restablecer en Sudamérica el absolutismo monárquico y dinástico que imperó durante la colonia española, pero disfrazándolo de bolivarianismo, socialismo del siglo XXI y revolución.