Dom, 27 de Junio 2010, 09:33:54 -- Actualizado: Mar, 13 de Octubre 2009, 06:31:47
MONAGAS AL DÍA / La corrupción en tiempos de "El Gato" (Parte I)
¡EXCLUSIVO! ALCALDIA DE CAICARA, LAS PRIMERAS DENUNCIAS: Desde el año 1996, cuando entonces ejercía José Gregorio “El Gato” Briceño como Alcalde del municipio Cedeño, después de separarse de las filas de Acción Democrática, donde había militado desde su juventud, las denuncias sobre corrupción administrativa lo han perseguido con insistencia, hasta los días presentes, cuando ejerce la gobernación del estado Monagas./ JACINTO RAMÍREZ NORIEGA


 
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EXPEDIENTE

 

LA CORRUPCION EN TIEMPOS

DE "EL GATO"

 

 ¡EXCLUSIVO!

ALCALDIA DE CAICARA, LAS PRIMERAS DENUNCIAS:

Desde el año 1996, cuando entonces ejercía José Gregorio “El Gato” Briceño como Alcalde del municipio Cedeño, después de separarse de las filas de Acción Democrática, donde había militado desde su juventud, las denuncias sobre corrupción administrativa lo han perseguido con insistencia, hasta los días presentes, cuando ejerce la gobernación del estado Monagas.

Por JACINTO RAMÍREZ NORIEGA

(Parte I) 

 

 

ALCALDIA DE CAICARA,

LAS PRIMERAS DENUNCIAS:

 

            Desde el año 1996, cuando entonces ejercía José Gregorio “El Gato” Briceño como Alcalde del municipio Cedeño, después de separarse de las filas de Acción Democrática, donde había militado desde su juventud, las denuncias sobre corrupción administrativa lo han perseguido con insistencia, hasta los días presentes, cuando ejerce la gobernación del estado Monagas.

            La Contraloría General de la República,  mediante inspección fiscal realizada en el municipio Cedeño el 28 de noviembre de 1997,  según lo corrobora el  oficio No. 06-00-04-058, firmado por la Dra. Judith Pinto Trejo, Directora de Control de Municipios, instruyó  el expediente formal,  que en sus primeros párrafos señala: “La auditoria pone de manifiesto no solo irregularidades administrativas que reflejan el incumplimiento de normas legales de distinta naturaleza, sino que incluso aparecen evidencias de hechos de naturaleza fraudulenta en perjuicio del patrimonio municipal que incluso constituyen delitos tipificados en la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público”.

Más adelante, en líneas correspondientes al punto 3 del informe, apuntó el órgano contralor nacional lo siguiente: “ El hecho más grave, que evidencia un fraude contra el patrimonio del  municipio, lo constituye el cobro de comisiones por parte del funcionario municipal Héctor Resplandor Díaz, quien ejerció como recaudador de rentas municipales, como persona natural contratada, en contravención a lo establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Este ciudadano cobró –señala la CGR--más de cuarenta y ocho millones de bolívares, exactamente Bs. 48.385.400,82 cts. por supuestos reparos de carácter impositivo.” Los cobros ilegales mencionados fueron hechos a las empresas petroleras, entre las cuales figuran Corpoven y Lagoven, entre otras.  

Luego, el informe contralor se extiende, señalando  en páginas posteriores lo siguiente: “…en la construcción del Centro Comercial de Caicara de Maturín, se constató que se le pagó al contratista, sin haber realizado trabajo alguno, la cantidad de Bs. 1.886.853,38 cts.” y continúa: “Con motivo de la averiguación fiscal, es decir, la constatación  por parte de la contraloría de tan grave hecho, la empresa POCIMARS C.A. devolvió dicha cantidad a la alcaldía, con lo cual  admitió el pago que a obras no ejecutadas se le había hecho.”  En otro aparte, añade el documento oficial: “obras mal ejecutadas, como el Centro Comercial Caicara, ya citado, y el Boulevard Bermúdez; se evidenció la supuesta donación de materiales de construcción a personas de escasos recursos, por monto de Bs. 2.815.300 bolívares, sin que aparecieran los recibos firmados, los nombres de los beneficiados, el número de cédula de identidad de los individuos, ni las direcciones de los mismos.”  En otra parte del libelo expresa: “Se deja constancia que la alcaldía de Cedeño adquirió bienes al margen de la ley, etc. En virtud de las irregularidades detectadas en la inspección fiscal, se debe abrir una averiguación administrativa que concluya con una decisión estableciendo las responsabilidades y sanciones por la comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. etc.” lo que nunca se hizo, aparentemente, hasta hoy, lo que permitió a Briceño postularse primero a la Constituyente, y luego a la gobernación de Monagas, cargo que alcanzó con el apoyo del MVR (hoy PSUV), PPT, GEIM, OCV y otros que le arrimaron noventa mil sufragios a los veinticinco mil de  MIGATO.

Pero, no terminan aquí los informes cuestionadores de la Contraloría General del la República contra la administración municipal de Briceño en Caicara de Maturín. Con fecha  15 de diciembre de 1.997, el Diario de Monagas publicó un extenso reportaje, con otros reparos hechos por el máximo organismo contralor del país. Se cuestionó en voluminoso documento, muchas de las erogaciones realizadas por la alcaldía, desconociéndose las imputaciones presupuestarias de las mismas, con cifras que en algunos casos  sobrepasaron las cantidades de veinticinco millones de bolívares.

Llama particularmente la atención de los periodistas, el hecho de que, en las contrataciones de aquella época, de acuerdo a los reparos formulados por la contraloría, ya se vislumbraba el estilo de gobierno que ahora exhibe Briceño desde la gobernación en lo concerniente a la ejecución de las obras  civiles, o de infraestructura, donde se observa el total desinterés por el acatamiento de las normas legales de contratación de la república, y la ausencia de control de calidad en las obras ejecutadas. Refiriéndose al llamado Centro Comercial de Caicara, el organismo de supervisión nacional expresó en algunos de sus textos que se encontraron “…en los niveles PB, N1 y N2 salas de baño sin ventanas, posición inversa de las instalaciones sanitarias,  ventana ubicada en sala de fregadero, posición inversa en algunas puertas de PB,  y no se encontró tapón de registro en las salas de baño”, etc. Continuó más adelante el escrito, señalando que, “de acuerdo a la inspección efectuada al sitio de la obra se apreció: paredes conformadas por bloques partidos en su mayoría, además de no estar adecuadamente niveladas, ocasionando la posición ladeada de algunas ventanas, por otra parte, ninguna puerta ni ventana posee dintel, elemento que sirve de soporte de las cargas”, etc.  La contraloría objetó el estudio de suelo, calificándolo de defectuoso, y señalando que, “el edificio se había levantado  sobre un subsuelo arenoso, con apenas 1.65 metros de profundidad, lo cual indica que está fundado sobre suelos no firmes”. 

En cuanto al drenaje, ---este tipo de problemas parece perseguir obstinadamente al gobernador, porque en el Monumental  de Maturín se le han formulado similares denuncias--- dice el informe que,  “en caso de edificaciones fundadas directamente sobre el terreno, se recomienda drenar por los bordes para evitar correntías hacia la superficie ocupada por la construcción, sugerencia no acatada,  por cuanto no se observó drenaje alguno, ni en los planos del proyecto ni en el sitio de la obra”.  Aquí, el paralelismo de las irregularidades  de esta edificación caicareña, de hace doce años, con las del estadium de fútbol Monumental de Maturín, de hace apenas tres años, resulta patético.

La lista de los ilícitos investigados por la fiscalía en la alcaldía de Caicara es larga, tanto que no se podrían incluir todos los supuestos irregulares en un reportaje periodístico, por elementales razones de espacio, pero no se pueden soslayar los siguientes: disparidad en las cifras presentadas en la memoria y cuenta del alcalde; órdenes de pago sin contar con los recursos, y sin imputación presupuestaria; gastos excesivos de representación, en donaciones y en combustible;  diferencias importantes entre las cantidades de obras ejecutadas y pagadas; y adquisición de bienes al margen de la ley, figuran en el libelo de reparos que la Contraloría General de la República instruyó a la administración del Gato como alcalde. Sin embargo, extrañamente, este pronunciamiento legal de la máxima instancia contralora del país,  fue soslayado, hasta ahora, en la revisión e investigación de los restantes órganos judiciales de la nación. El Ministerio Público, según informaciones recogidas por los periodistas, desestimó en aquella ocasión, la responsabilidad de profundizar en las investigaciones, y por el contrario, solicitó el sobreseimiento, pese al clamor generalizado del pueblo de Caicara, que pedía sanciones por las ilicitudes. Un supuesto apoyo de la Dra. Mary Contreras, que para ese entonces ejercía funciones como fiscal del M.P. y la presunta decisión de un juez, que antes  había ejercido como abogado de Briceño,  habrían tenido responsabilidades en esa decisión.  Pero Yordi Morales, Diego Rivas, el concejal Luís Bernardo García, el diputado Antonio Natera, el concejal Francisco Mata, Rafael Alfaro, Juan Campos,  Argenis Figueroa, Cruz Marcano, y el profesor Pedro Calzadilla, para solo mencionar algunos, coparon importantes espacios de la prensa, demandando que se cumpliera la ley contra Briceño.    

 

LAS NUEVAS DENUNCIAS:

 

 

Si bien es cierto que José Gregorio Briceño, después como diputado de MIGATO al parlamento nacional, cargo al que accedió luego de haber sido alcalde, no fue objeto de acusaciones importantes, ni reclamos legales, como los que se le habían formulado durante su gestión como autoridad municipal,  ahora en su condición de gobernador de Monagas, sí que  se ha visto, nuevamente, en el centro de embarazosos señalamientos de presunta corrupción política y administrativa.  Acusaciones  contenidas no solo en notas y declaraciones de prensa, sino además, presentadas formalmente con los supuestos respaldos probatorios, ante los organismos nacionales competentes,  como la Fiscalía General, la Contraloría General y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

El día 3 de junio del 2009, a las 9.10  de la mañana, según se aprecia en el sello húmedo de la Dirección de Secretaría General  del Ministerio Público, fue recibida la denuncia del periodista Jacinto Ramírez Noriega, quien dijo actuar contra la administración del gobernador Briceño, como un ciudadano común, respondiendo a los mandatos legales y constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. La acusación fue  soportada    --habría expresado el comunicador social-- con más de noventa folios de presuntas evidencias, o indicios, que comprometerían gravemente al ejecutivo regional, y particularmente al jefe local de gobierno.

También el ex-diputado regional Francisco Gómez, antiguo aliado del gobernador, interpuso sendas denuncias contra la administración de su antiguo compañero de partido José Gregorio Briceño Torrealba. En la fiscalía contra la corrupción de la jurisdicción de Monagas, Gómez introdujo documentos notariados en los cuales se evidencia un aparente tráfico ilegal de divisas en la contratación de ciertos espectáculos públicos en el estadium Monumental de Maturín, lo que veremos más adelante.

Por su parte, el dirigente político José Gregorio Marcano ya había presentado ante la Fiscalía Superior de Maturín, un par de denuncias en las que se reclama la aparente corrupción en la compra de medicinas a una empresa de maletìn “Lider c.a.” para los empleados del estado; y en la adquisición de equipos para la modernización del despacho de Ciencia y Tecnología de la gobernación, casos donde se habría lesionado considerablemente  el patrimonio público. Las referidas denuncias están signadas con los números 16F12-0596-08 y 16F12-0617-08 respectivamente. Informaciones extra-oficiales hablan ya, a estas alturas, de unas once denuncias acumuladas en el M.P. contra el gobernador. Todas estas denuncias nuevas, se preguntan ahora los parroquianos, ¿correrán la misma suerte que las anteriores? Lo sabremos con el tiempo.

 

 

LA INMOBILIARIA MONUMENTAL:

 

El gobernador José Gregorio Briceño, mediante el decreto No. G-2387-2007 de fecha 14 de noviembre del años 2007,  ordenó la formación de una compañía anónima con un monto de diez millones de bolívares (10.000 Bs.F.) con el objeto de “administrar y mantener las instalaciones del estadium Monumental de Maturín”, entre otras atribuciones.  Como presidente de dicha empresa privada fue designada la Arq. María Mercedes Aranguren Nassif, quien asumió el cargo sin separarse de sus responsabilidades como Secretaria de Vialidad e Infraestructura de la gobernación de Monagas. A la dicha compañía anónima, viciada desde su nacimiento al constituirse con un solo socio, en este caso el estado,  se le suman luego, además de la designación irregular de la funcionaria Aranguren como presidente, las contrataciones de artistas y deportistas, canceladas estrictamente en dólares americanos, en clara contravención de la Ley de Ilícitos Cambiarios, desconociéndose además, el origen legítimo de dichas divisas. En las averiguaciones adelantadas ante CADIVI, y en el Banco Central de Venezuela, hallamos que ninguna de esas instituciones aprobó dólares para esta compañía, que ni siquiera estaba registrada ante los mismos.

En efecto, la empresa LIVE ARTISTS AGENCY representada por el ciudadano norteamericano Leobardo Antonio Araujo,  titular del pasaporte 047901793, firmó contrato notariado  con la empresa Inmobiliaria Monumental de Maturín, representada por la Arq. Aranguren, según se desprende del documento registrado bajo el no. 78 del tomo 57 de los libros de autenticaciones que lleva la Notaría Pública Segunda de Maturín, para la presentación de los cantantes Olga Tañón y Elvis Crespo el día domingo 20 de abril del 2008, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES AMERICANOS (380.000 u.s. $) libres de toda clase de impuestos.

Luego le seguiría la contratación  del evento deportivo con los futbolistas Messí y Ronaldiño efectuado el día 28 de junio del 2008, en el Monumental, a un costo nada menos que de TRES MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (3.000.000 u.s.$) sin incluir otros gastos como los de transporte, alojamiento, publicidad, impuestos, etc.  lo cual fue firmado en la Notaria Pública Segunda de Maturín, y la Notaría Pública Primera de Porlamar, Edo. Nueva Esparta, bajo los números 26, tomo 44, y  numero 03 tomo 38 respectivamente, por la Arq. María Mercedes Aranguren Nassif y el ciudadano uruguayo Guillermo Marín, titular de la identificación No. 17.666.624,  en representación de la empresa ABELWAY S.A. domiciliada en Montevideo, Uruguay.

Otros espectáculos se sucederían bajo las mismas características de contratación, como los de Alejandro Fernández, suspendido por falta de confirmación de parte de la Inmobiliaria Monumental,  y de Vicente Fernández, para solo citar dos los más importantes. Después de formalizarse y conocerse las denuncias contra la citada Inmobiliaria Monumental de Maturín, el gobernador constituyó una fundación (FundaMonumental) el día 13 de octubre del 2008, con el evidente propósito de corregir el desaguisado que se había cometido con la creación de la compañía anónima, sin embargo, no se liquidó legalmente la compañía anónima y la Arq.. Aranguren  pasó a ejercer tres cargos simultáneamente, porque también fue designada Presidente de la fundación constituida con los mismos propósitos y fines de la anterior compañía anónima.

 

 LA CONSTRUCCION  CUESTIONADA :

 

El llamado estadium Monumental de Maturín ha estado recibiendo cuestionamientos desde que se escogió el lugar para su edificación. Algunas voces reclamaron que se hiciera una obra de esa magnitud, sin estudios técnicos previos, y, supuestamente, encima de la tubería principal  del acueducto Amana-Maturín; también sobre presuntas líneas de gas, y además en las cercanías extremas de tendidos eléctricos de alto voltaje.  Las criticas continuaron mas adelante, por la aparente  mala calidad de la edificación, por los costos aparentemente sobredimensionados  de la misma, donde se ha presumido la existencia de una gran corrupción administrativa; y por la indebida utilización de sus espacios para eventos que nada tienen que ver con el deporte para el que fue construido el estadium. Esta misma semana que transcurrió, se presentó al artista Ricardo Arjona, mientras que el Monagas Sport Club tuvo que irse al “Comanche Botín” cuyas condiciones se encuentran igual de deplorables. Obreros que trabajaron para las empresas ejecutantes, llegaron a manifestar que siempre sacaban pagos de personal con cheques duplicados, y que a la salida de la taquilla, un individuo de la misma compañía, le decomisaba y le hacia endosar uno de los cheques.  

Pero lo que elevó más aun los decibeles de la polémica, fue la construcción de un campo de juegos profesional, sin ningún tipo de drenajes. El millonario acaparamiento de entradas para los juegos de la  “Copa América”, denunciado en fiscalía por el dirigente político William Ojeda, así como el desvío de recursos destinados a la construcción de las canchas alternas, como por ejemplo el engramado artificial instalado a un centro social privado de Maturín, quedaron prácticamente asordinados por el caso de los drenajes, que desató fuertes reclamos del mundo oficial del balompié a nivel nacional e internacional.

Una carta de la CONMEBOL dirigida al Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Rafael Esquivel, con fecha 19 de febrero del 2009, firmada por el Vice-Presidente Eugenio Figueroa, atendiendo a su vez a una petición de la Federación Colombiana de Fútbol rubricada por su presidente Luís Bedoya Giraldo, donde se solicitaba la mudanza del encuentro deportivo Venezuela-Colombia, (que al final se trasladó al campo de Cachamay en Puerto Ordaz), desató con mayor fuerza los vientos huracanados de la controversia por el mal estado de nuestra cancha deportiva. En dichas misivas, atendidas correctamente por Rafael Esquivel en representación de la FVF,  se insistía en “las deplorables condiciones  del gramado y drenajes  del Monumental de Maturín”, señalándose expresamente en las mismas, el caso de los encuentros anteriores realizados allí de Brasil-Argentina y Uruguay-Colombia, advirtiendo que, “el drenaje no cumple con las condiciones ideales para la realización de partidos de carácter internacional.” 

La respuesta airada, tanto del gobernador Briceño, como del alcalde Maicavares, negando a todo evento los hechos,  fue centralizada en la figura del presidente de la federación venezolana,  quien recibió la parte gruesa de los señalamientos y adjetivos emitidos en  su contra por las altas autoridades de gobierno local, situación que,  de acuerdo a informaciones obtenidas de fuentes bien enteradas, ahora estaría generando una supuesta acción legal de Rafael Esquivel contra el gobernador Briceño, por los delitos de difamación e injuria.

Pero, en medio de toda esta controversia, los aficionados al llamado “deporte rey” han podido constatar que ciertamente, el estadio Monumental, luego de registrarse cualquier aguacero fuerte, queda prácticamente inutilizado para jugar fútbol.  Inclusive, en las transmisiones televisivas de algunos eventos, como por ejemplo el amistoso “de la otra galaxia” Messi-Ronaldiño, se pudo apreciar el chapoteo en una cancha considerablemente inundada. Esta situación continúa pese a las millonarias inversiones que  ha hecho el ejecutivo para reparar los daños que, debieron  asumirlos, en todo caso, las empresas que ejecutaron las obras.

 

LOS CONTRATISTAS PREFERIDOS:

 

Han advertido algunos de los denunciantes entrevistados anteriormente que, desde el mismo momento en que José Gregorio “El Gato” Briceño se juramentó como nuevo gobernador ante el CLEM, el día 8 de noviembre del año 2004, comenzaron a hollar los pasillos de la vieja casona de la calle Monagas   los llamados  “contratistas preferidos”, en alusión directa a las simpatías del nuevo mandatario hacia los empresarios y proveedores que recibirían a la postre, los más jugosos contratos de la administración pública local. Algunos venían de la llamada “cuarta republica”, y otros mas se formarían bajo los auspicios –han dicho—del nuevo jefe de gobierno, especialmente aquellos  supuestamente pertenecientes a su entorno familiar y amistoso.

A esos  empresarios es a quienes se les reclama los ilícitos en la mayoría de las obras importantes, encomendadas por la gobernación, y que serían ejecutadas sin que se cumpliese con los requisitos establecidos en la vigente Ley de Contrataciones. La ausencia  de presupuestos previos, la ausencia de licitación publica, y  de contratación formal, sin la colocación obligatoria de las vallas y sin las publicaciones de prensa expresamente exigidas por la ley, dieron pie a que se presentaran las denuncias por ante los organismos competentes. Al parecer, la práctica durante la administración de El Gato ha sido la de construir e inaugurar primero,  y después realizar el procedimiento administrativo legal. Inclusive,  han dejado entrever sus denunciantes, que se cancelaron considerables cantidades por concepto de anticipo, sin control fiscal alguno.

Ahora, también el concejal Wilfredo Ordaz  aparece denunciando hechos similares relacionados con las contrataciones en la Alcaldía de Maturín. El caso de la compra de un software package (CD) para la “reimplantación” del sistema de recaudación de impuestos, por un monto de cuatro mil ciento ochenta y nueve millones de  bolívares (Bs.4.189.000.000) con fecha 10 de julio del 2009, a la empresa MMD MANAGEMENT  CONSULTING AND SERVICE C.A. cuando se trata del mismo sistema ya instalado y en funcionamiento satisfactorio desde la administración anterior, originó la denuncia respectiva ante los organismos nacionales competentes.  Los mismos métodos estarían siendo repetidos en lo que parece ---ha dicho el edil--- más que un municipio autónomo, una simple extensión, o secretaría del ejecutivo regional.

Pero fue el propio gobernador Briceño quien, en algunas de sus acostumbradas alocuciones radio-televisadas, llegó a confesar que, “él hacía las obras fiadas cuando no tenía disponibilidad presupuestaria, y que no iba a perder tiempo llamando a licitaciones”, etc. señalando, en algunos casos a las empresas que le acreditaban, testimonios que fueron consignados como pruebas relevantes de los graves delitos que se denuncian.

Las empresas COTER C.A.; CONSANTO C.A.; F.Z.C.A.;  NEW YERSEY C.A.;  CONSORCA C.A.; AQUABAQ C.A.  ANTOMAR  C.A. y ENGAMACA C.A. ; entre otras,  encabezan la lista de las compañías cuya investigación habría sido solicitada por los supuestos ilícitos antes mencionados, presumiéndose que estarían comprometidas en un concierto para delinquir, toda vez que las mismas  ejecutaron las obras para la gobernación, con conocimiento pleno de las irregularidades en las que estaban incurriendo.  CONSANTO C.A..,  ---citaron a manera de ejemplo los demandantes---, se inició con un capital suscrito de cincuenta millones de bolívares (50.000.000 Bs,), y habría recibido de inmediato la orden para realizar la vialidad Areo-Mundo Nuevo por un monto, al parecer, de diez y siete mil millones de bolívares, (17.000.000.000 Bs.), y así mismo, se le autorizó realizar la recuperación del tanque elevado del barrio La Manga, con su respectiva aducción, por un monto de cinco mil millones de bolívares (Bs. 5.000.000.000 ) con lamentables resultados de calidad en la obra, que hubo de ser reparada luego, en dos ocasiones, por otras empresas, ocasionándole así, graves daños a la administración pública, según afirmaciones de los informantes que se encuentran dentro del mismo gobierno.

 

 

LOS TESTAFERROS:

 

 

Quienes prestan su nombre y su identidad para detentar bienes, o contratos que en realidad pertenecen a otra persona, son  llamados testaferros. Antiguamente esa actividad, por razones de “estricta confianza”, la ejercían individuos, por lo general miembros del entorno familiar, o amigos muy allegados a quienes eran los verdaderos dueños de la propiedad, o del dinero que es manejado en cuentas bancarias, nacionales e internacionales; pero, aun cuando todavía se puede observar ese tipo de vínculos entre parientes  depredadores de la cosa pública, ahora, con las facilidades que ofrecen la tecnología,  la globalización, y los recursos que devienen del conocimiento de los secretos y artimañas que se manejan en el ejercicio profesional de la contabilidad y las matemáticas, ese papel de pillos, saqueadores del estado en sociedad con el gobernante, lo desempeñan en esta época, muchos de los mismos contratistas.

Para una  empresa legalmente establecida resulta más fácil justificar la pertenencia de los activos y bienes, que luego con el tiempo, si acaso es necesario, “una vez transcurrido el peligro de ser descubierto”, podrían ser traspasados al funcionario bribón. Esta nueva modalidad “de socios” es preferida hoy por corruptos y corruptores, ante el manejo de las altas cifras, y la posesión de bienes millonarios que difícilmente podrían ocultarse, y menos aún justificarse, en manos de quienes jamás tuvieron riquezas conocidas. No obstante, para alivio de la sociedad, también los organismos oficiales de investigación fiscal, judicial y policial cuentan con avanzados estudios sobre la materia, y con herramientas  tecnológicas de punta para combatir el fraude. Para que reine, entonces, la impunidad, los maleantes deben encontrar cómplices  con poder dentro de estas dependencias...

CONTINÚA... EN "Parte II":

MONAGAS AL DÍA / La corrupción en tiempos de "El gato" (Parte II)
 

Maturín,  27 de septiembre de 2009

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